El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto a su par de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezaron la decimoquinta apertura de sesión del Consejo, de la que además formó parte Federico Moyekens, Juez Penal de Menores, con quien trabajaron articuladamente sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, que recientemente entró en vigencia, diagramando una labor mancomunada para contar con herramientas efectivas y operativas de manera interinstitucional entre los diferentes poderes del Estado.

La jornada se realizó en el Salón Bicentenario de Casa de Gobierno, y estuvieron también presentes Graciela Sare, a cargo de la SENAyF y presidenta del Consejo; Gilda Zurita, quien encabeza la DINAyF y oficia como Secretaria del espacio; la consejera y secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zárate; la subdirectora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas Saguir; junto a representantes de diferentes ministerios: Marcelo Montoya (Salud), María Gabriela Gallardo (Educación), Gladys Carpio Valero (Seguridad), María Eva Ruiz (Interior), Andrea Colina (Economía), entre otros.

Al respecto, el Ministro compartió: “Quisimos aprovechar la reunión del Consejo y hemos invitado al juez Federico Moyekens, para que nos haga una exposición sobre los desafíos que tenemos con la nueva ley penal juvenil, y la verdad que ha sido el ambiente adecuado porque han estado representados de todos los ministerios. También quiero agradecerle al ministro de Salud,  Luis Medina Ruiz, con quien venimos trabajando en forma coordinada todos los días ante problemáticas muy complejas como la violencia intrafamiliar por ejemplo”.

“Esta charla con el doctor Moyekens nos dio la posibilidad de ajustar ciertos detalles de la operatividad para los próximos días, y seguramente nos reuniremos con los ministros para abordar el nuevo régimen. En Tucumán, como lo plantea siempre el Gobernador, trabajamos en equipo, de forma coordinada y sobre todo con la ventaja de saber que tenemos un Estado presente, dónde las políticas públicas están cubriendo un déficit muy grande del Gobierno Nacional. Estoy convencido de que en Tucumán vamos a andar bien en lo que refiere a esta ley 27.801, y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance desde las distintas áreas del Estado para, en primer lugar, bregar para que quien cometa un delito cumpla lo que estipule la Justicia, y por otro lado, trabajar puertas adentro para acompañar a ese niño o ese joven para que pueda reinsertarse en la sociedad”, finalizó Masso.

Por su parte, Moyekens añadió: “La reunión básicamente consistió en meritar un poco cuál va a ser el impacto de la nueva Ley, que refiere al nuevo régimen penal juvenil. Analizamos los desafíos operativos y articulaciones que deben realizarse desde una mirada, en este caso, de la justicia especializada, planteando los objetivos que tenemos por delante respecto de cuestiones atinentes a la salud, a la seguridad, a la educación, y a todas las temáticas que atraviesan a los adolescentes en conflicto con la ley penal”.

Referentes del Ministerio de Desarrollo Social destacaron la importancia del trabajo colectivo para una correcta interpretación e implementación de la reciente Ley 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026 y reduce la edad de imputabilidad de una persona para ser juzgada por un delito de 16 a 14 años. De este modo, y teniendo en cuenta los desafíos que esto representa, el Estado Provincial busca poner a punto dispositivos específicos y fortalecer su red institucional, reafirmando el compromiso con la protección integral de este sensible grupo.

En esta línea, desde el Gobierno de Tucumán que encabeza Osvaldo Jaldo, indicaron que el régimen busca garantizar una respuesta especializada frente al quebrantamiento de las normas, respetando las garantías del debido proceso y los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, promoviendo además la educación, la resocialización y la integración del adolescente, en conjunto con la protección efectiva de sus derechos y el de las víctimas.