Miércoles, 25 de junio, 2025
  • Opinó Jaldo
  • Tucumán: Diálogo por la industria y continuidad del PROCREAR

    25 Jun 2025 12:49

    El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, respondieron al pedido de audiencia de la Unión Industrial y defendieron la continuidad del plan PROCREAR sin licitación, aclarando que se trata de contratos ya adjudicados.

    El gobernador, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Daniel Abad, se refirieron al reclamo de la Unión Industrial sobre despidos y paralización productiva, y aclararon dudas sobre el decreto para continuar las viviendas del PROCREAR.

    Ante la preocupación por la paralización de fábricas y los despidos en Tucumán, Jaldo afirmó que “apoyamos las políticas macroeconómicas nacionales, pero reconocemos que son importantes, aunque no suficientes".

    Destacó que “la baja de recursos afecta tanto al sector público como al privado", y que el ministro Abad “viene dialogando con industriales, agricultores y comercios para buscar soluciones".

    El ministro Abad explicó que "tenemos un aporte provincial de 35.000 millones anuales para actividades productivas, con exenciones tributarias para empresas que sostienen empleo".

    Sobre la situación industrial puntual, mencionó a empresas que solicitaron audiencias, las cuales se están gestionando.

    Subrayó que “la problemática tiene aristas nacionales, como la apertura de la economía y la baja de aranceles, que afectan la competitividad local".

    Añadió que "las PyMEs y agroindustrias del norte son sectores muy intensivos en mano de obra y sufren las consecuencias en el empleo".

    Finalmente, anunció: "Seguiremos el diálogo y buscaremos que la Nación compense estas dificultades".

    Respecto al decreto para la continuidad del PROCREAR sin licitación pública, Abad aclaró que "las 22 empresas que ganaron la licitación original continúan con el proyecto, no hay contrataciones directas ni violación de normas".

    Jaldo agregó que "cuando Nación se retiró, dejaron 100 hectáreas abandonadas, 22 empresas paralizadas y 7.000 empleados sin trabajo. El gobierno de Tucumán decidió hacerse cargo para evitar mayores pérdidas".

    "Este es el megaproyecto habitacional más grande del país, y detenerlo significaría un desastre social y económico para la provincia”, concluyó.