En el Salón Bicentenario se llevó a cabo una capacitación sobre Salud Mental y Derechos Humanos, convocada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la participación de profesionales y equipos técnicos de municipios y comunas. La propuesta tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre la legislación vigente y brindar herramientas prácticas para acompañar, orientar y garantizar los derechos de las personas en el territorio.

La jefa del Departamento de Prevención y Promoción de la Dirección de Salud Mental, licenciada Marcela Lemaitre, explicó que durante el encuentro se abordaron los principales lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y de la Ley Provincial N.º 8.726, normativas que establecen un enfoque integral de la salud mental y reconocen a las personas como sujetos de derecho. “Estas leyes remarcan que las personas que atraviesan dificultades en su salud mental tienen capacidad jurídica y derecho a ejercer sus derechos, así como también a contraer obligaciones”, señaló la profesional.

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Salud Pública, bajo la gestión de Luis Medina Ruiz, promueve un abordaje que reconoce la salud mental como una responsabilidad compartida entre los diferentes sectores del Estado y la comunidad, con el propósito de fortalecer la prevención, el acceso a los tratamientos y el ejercicio efectivo de los derechos de toda la población.

En este sentido, destacó la importancia de que los trabajadores del Estado conozcan el marco normativo y puedan aplicarlo en sus prácticas cotidianas, promoviendo la escucha empática, el trato digno, el acceso a la información y la orientación necesaria para que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos.

Lemaitre también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado. Explicó que, si bien el sistema de salud tiene la responsabilidad de conducir las acciones de atención, promoción y prevención, otros sectores cumplen un rol fundamental para garantizar el acceso a derechos vinculados con la educación, la vivienda, la inclusión social, el deporte y las actividades recreativas.

“Hoy los tratamientos se desarrollan, en gran medida, de manera ambulatoria y con tiempos de internación más breves. Por eso, es fundamental que las personas puedan encontrar acompañamiento y respuestas también fuera de los servicios de salud”, sostuvo.

Por su parte, la jefa del Centro de Día del Hospital Nuestra Señora del Carmen, licenciada en Trabajo Social Evangelina Modesti, quien participó como capacitadora y asesora, destacó la importancia de que los referentes territoriales conozcan las herramientas legales que orientan sus intervenciones.

La profesional señaló que uno de los principales ejes fue reconocer que todas las personas que concurren a los distintos espacios institucionales son sujetos de derecho. Asimismo, remarcó la importancia de incorporar a las prácticas cotidianas los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, los derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante la capacitación se trabajó sobre una guía práctica de atención que contempla la escucha activa, la orientación, la derivación y la articulación con otras instituciones. Modesti subrayó que la responsabilidad de los equipos no termina al realizar una derivación, sino que es necesario efectuar un seguimiento de cada situación para favorecer la continuidad del acompañamiento y evitar que las personas queden sin respuesta.

La actividad se enmarca en la importancia de consolidar una mirada transversal y comunitaria de la salud mental, en la que los distintos organismos públicos trabajen de manera coordinada para garantizar una atención integral, respetuosa e inclusiva.