La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, participó esta mañana de la apertura de sesión por la reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la Honorable Legislatura de Tucumán. Estuvo acompañada por Agustín Barrera Palou, el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del ministerio de Gobierno y Justicia; y por Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia.
La aprobación del proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial para Tucumán tendrá una gran importancia institucional para los tres poderes del Estado, porque regirá las relaciones procesales del ciudadano común.
Es un trabajo que se viene llevando a cabo desde hace seis años con la participación de los tres poderes del Estado que busca cercanía, agilidad, la posibilidad de que los procesos civiles y comerciales se hagan de manera oral y que participen las nuevas tecnologías, pero sobretodo que el ciudadano pueda sentir a la justicia más cerca. Son las nuevas herramientas para una nueva justicia las que tenemos que buscar entre todos", explicó la ministra acerca de la reforma.
En esa línea, Vargas Aignasse se mostró agradecida con "todos aquellos magistrados del Poder Legislativo, representantes de Poder ejecutivo y judicial, y sobre todo destacar la actuación de la doctora Claudia Sbdar en todo lo que ha sido la formulación de este proyecto y del presidente Marcelo Caponio quien ha llevado adelante el trabajo de la comisión".
"La modificación posibilitará que la gente pueda contar con una justicia mucho más ágil y cercana, teniendo posibilidad de interactuar junto a los magistrados en la resolución de los conflictos", concluyó la mandataria.
Además del inicio de sesión, se llevó a cabo la entrega de distinciones a los participantes de la Comisión Especial para el estudio del Código. Por parte del ministerio de Gobierno, los distinguidos fueron la ministra y el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica. Sobre este reconocimiento, Palou dijo: "es por el trabajo que se viene haciendo desde hace casi seis años, donde participaron distintos estamentos, facultades, universidades y se llegó a un buen producto. Un código consensuado, moderno, eficaz y que busca acelerar los tiempos de la justicia, modernizar el poder judicial, con el objetivo de siempre beneficiar a la sociedad".
También explicó cómo fue el proceso: "en una primera etapa se hizo una investigación de los distintos códigos nacionales y latinoamericanos, en base a eso se han tomado institutos de cada uno, pensando cuál de ellos se podría aplicar en nuestra provincia. Luego de este proceso de investigación y exposición, se formó una subcomisión redactora que tenía a cargo la elaboración del texto, que es el que hoy está analizando la legislatura".
“La nueva ley posibilitará una justicia con rostro humano que permite al magistrado tiene que conocer y dialogar con las partes y dará mayor celeridad a la resolución de los juicios. Los juicios que duraban años de ejecución, con este nuevo Código, se resolverán en pocos meses. Esta norma comenzará a regir desde el 1 de octubre del 2022”, explicó, por su parte, el legislador Raúl Ferrazano.
Por su parte, la jueza Claudia Sbdar, sostuvo que "es una gran satisfacción porque es un proyecto que se ha trabajado de manera colectiva donde participaron los tres poderes del Estado, los colegios de Abogados, las universidades".
Además, dijo que "es un trabajo que se hizo muy profundo donde cada uno de los participantes ha hecho su aporte y se expusieron cada uno de los puntos".
En cuanto a la reforma, Sbdar manifestó que "implica una garantía constitucional apoyada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El proceso es una herramienta que le permite a toda persona a acceder al poder judicial. Se tienen que abrir las puertas del poder judicial, que transitar por las reglas del debido proceso escuchando todas las partes, la admisión de las pruebas, que se dicte un pronunciamiento en tiempo oportuno y fundado, que se dé lugar a los recursos, que se ejecute y se cumpla la sentencia. Esto es lo que traduce el espíritu de esta reforma, están incluidos los principios procesales que son los que infunden cada uno de las normas de esta ley"
En resumen, la magistrada indicó que la reforma apunta a “la oralidad pura y plena, con una etapa escrita mínima. Viene al caso algo interesante: en 2018 pusimos a funcionar un sistema de oralidad sin reforma, y es uno de los pocos casos en el país en los que la oralidad llegó, se hace prueba y error, y esto está volcado en la ley procesal. Lo que sucede normalmente es que la ley se sanciona y luego se van haciendo ajustes”, concluyó.
